El parlamento español aprobó recientemente una reforma contundente de la Ley General Tributaria.
Para que nos entendamos, esta norma regula la forma en que nos relacionamos con la Agencia Tributaria Española en todo lo que tiene que ver con los impuestos.
Todos pagamos gravámenes y tarde o temprano, en algún momento, debemos cumplir alguna obligación tributaria, bien porque debemos realizar una declaración, bien porque hemos recibido una notificación o bien porque nos inspeccionan. Cada una de estas actuaciones está regulada por la normativa que establece una reglas de juego, como pueden ser el plazo que debe durar un procedimiento, el plazo de pago de una liquidación o la obligación de presentar una información que nos solicitan. Existen derechos, obligaciones y garantías en aras a que se cumpla con el fisco de una forma pacífica.
Sin embargo, últimamente, venimos viviendo un periodo en el que la Hacienda Pública se dota de unos poderes, en mi opinión excesivos, que en ocasiones cercenan los derechos y garantías del contribuyente. Cuestiones como el aumento del plazo del procedimiento inspector, la posibilidad de que se comprueben ejercicios más allá del plazo de prescripción, la imposibilidad de aportar pruebas una vez acabado el procedimiento administrativo o la no suspensión del procedimiento inspector cuando se detecte la comisión de un delito que debe ser enviado al juez, son aspectos que claramente han dotado de una fuerza omnipotente a la Agencia Tributaria.
La forma de legislar es curiosa. Se estudian las razones por las que los jueces dan la razón a los contribuyentes y luego se legisla en sentido contrario, de tal manera que a partir de ese momento, los jueces no podrán volver a estimar las pretensiones de los administrados en causas idénticas. Así de sencillo, a base de limitar las garantías de los ciudadanos, se está creando a una apisonadora que no dejará títere con cabeza. Y todo, bajo la excusa de la lucha contra el fraude. Esto no debe ser así. No dude que matar moscas a cañonazos nos afecta a todos, grandes o pequeños, y será el chico, usted y yo, el que más sufra las consecuencias.
Yo pido que se aprueben Leyes más sencillas, que se simplifiquen los impuestos, que haya más claridad en las redacciones jurídicas, que haya más colaboración entre la Administración y los asesores fiscales. Soluciones que no buscan la represión del administrado, sino que allanan y facilitan la obligación que tenemos todos de contribuir al sostenimiento del estado del bienestar que estamos construyendo.
Enrique Lang-Lenton Bonny